Colombia tiene casi todo lo que hace falta para producir hidrógeno verde: sol y viento abundantes en el Caribe y La Guajira, una red eléctrica interconectada, gasoductos, puertos y una demanda industrial que ya consume hidrógeno gris en refinerías y fertilizantes. Sobre el papel, el potencial es enorme. En la práctica, el mercado avanza a otra velocidad.
De las decenas de iniciativas que aparecen en los mapas del sector, apenas un par de proyectos a escala industrial cuentan hoy con decisión final de inversión y están en construcción. El resto vive en fases de estudio y factibilidad. No es un problema exclusivamente colombiano: las cifras del Banco Mundial muestran que solo cerca del 3 % de los proyectos de hidrógeno en países en desarrollo cruza esa línea.
Pero sí revela dónde está el verdadero cuello de botella. La barrera no es la geografía ni la ambición: es la dificultad de convertir la promesa en un negocio financiable. Y ahí es donde el derecho —en especial el derecho de los contratos— deja de ser un trámite para volverse una herramienta de viabilidad.
Mucha promesa, poca decisión final de inversión
El potencial es real, pero la distancia entre el anuncio y la planta sigue siendo grande.
El pulso del sector se dejó ver en hitos concretos: el primer bus de hidrógeno en Bogotá, fruto de una alianza entre varias empresas públicas y privadas, y dos plantas industriales en marcha: una orientada a producir hidrógeno para exportación vía amoníaco y otra que aspira a ser la mayor de la región. La Hoja de Ruta del Hidrógeno fija metas de entre 1 y 3 GW de capacidad de electrólisis hacia 2030. La intención está; lo que cuesta es la ejecución.
Los referentes del sector coinciden en el diagnóstico. El hidrógeno verde sigue siendo más caro que el gris o el azul, y su competitividad depende de que se acelere la generación solar y eólica que lo alimenta. Las tarifas y la infraestructura eléctrica pesan sobre el costo final, mientras Chile y Brasil avanzan con agresividad por las mismas inversiones.
A todo ello se suma un reclamo transversal: los inversionistas piden previsibilidad jurídica y regulatoria para comprometer capital en proyectos con desembolsos multimillonarios y plazos de recuperación de décadas.
El mercado del hidrógeno no falla por falta de recursos, sino por la dificultad de convertir la promesa en un contrato que un banco acepte financiar.
Seis obstáculos que hoy frenan el mercado
Los retos del hidrógeno verde en Colombia pueden agruparse en seis frentes que se refuerzan entre sí. El primero es estructural: no existe un mercado spot ni un precio de referencia para el hidrógeno, de modo que la demanda futura es incierta y difícil de comprometer. El segundo es de costo y competitividad: producir verde cuesta más que las alternativas fósiles.
El tercero es de insumo energético: sin suficiente energía renovable competitiva —y con tarifas e infraestructura que encarecen— el electrolizador no despega. El cuarto es de certeza regulatoria; el quinto, de permisos y territorio; y el sexto es la bancabilidad.
Cómo el contrato responde a cada reto
Buena parte de estos obstáculos no se resuelven en la planta, sino en la arquitectura contractual del proyecto: la red de acuerdos que reparte los riesgos que ni el mercado ni la ley han terminado de asignar.
Demanda incierta, sin precio de referencia
No hay mercado spot; sin comprador comprometido, no hay flujo que financiar.
La “verdura” depende del origen renovable
El hidrógeno verde exige acreditar el origen renovable de la energía y su trazabilidad.
Costos altos y baja competitividad
El verde cuesta más que el gris o el azul, y compite con Chile y Brasil.
Marco regulatorio en construcción
Certificación, umbrales de emisiones y política nacional aún se están definiendo.
Riesgo de construcción y tecnología joven
La electrólisis a gran escala tiene historial operativo limitado.
Bancabilidad y acceso a financiación
Solo cerca del 3 % de los proyectos llega a decisión final de inversión.
Contrato de compra (offtake) como ancla
Convertir cartas de intención en compromisos firmes y vinculantes, anclados en compradores solventes.
PPA a la medida + trazabilidad
Diseñar el suministro de energía y su medición para demostrar el balance renovable.
Capturar los incentivos y fijar el EPC
Estructurar contratos para aprovechar incentivos, fijar precio y repartir sobrecostos.
Cláusulas de cambio en la ley
Asignar el costo de una modificación normativa y pactar mecanismos de estabilidad.
EPC llave en mano e interfaz back-to-back
Garantías de desempeño e interfaces que trasladen el riesgo entre eslabones.
Paquete de garantías y palancas públicas
Cesión de contratos, derechos de step-in, seguros y una estructura financiable.
Énfasis contractual: el reto se administra en la mesa de negociación
A esta arquitectura se suman dos frentes que conviene atacar temprano. En materia de tierra, la condición de utilidad pública de los proyectos abre herramientas como la primera opción de compra sobre los predios, la constitución de servidumbres y, en último caso, la expropiación.
En materia social, cuando el proyecto toca territorios de comunidades étnicas, gestionar la consulta previa desde el diseño es una condición de viabilidad, porque los conflictos territoriales han demostrado ser capaces de detener proyectos ya licenciados.
